10/11/15

"Decretocracia", "Vetocracia" y los "deneú"

En medio de unas palabras amenazantes hacia las Instituciones y la República por parte de Ernesto Sanz, leemos: ...Cabe recordar que durante su presidencia, Carlos Menem firmó 574 DNU, lo que implica un promedio de 55 por año mientras ocupó la Casa Rosada. En línea, Fernando de la Rúa utilizó esa herramienta 73 veces y su sucesor tras la crisis de 2001, Eduardo Duhalde, la usó en 154 oportunidades.

En ninguno de estos casos los decretos pasaron por el Congreso Nacional para ser ratificados, incumpliendo así lo que manda la Constitución Nacional. Hay que recordar que un DNU es una norma que aunque es sancionada de forma directa por el Poder Ejecutivo, cumpliendo con los ejes de necesidad y urgencia, tiene validez de ley. Pero una vez promulgado el DNU, el Congreso debe analizarlo y determinar si continúa vigente o no.

En cambio, los decretos firmados por la presidente
Cristina de Kirchner sí cumplieron con el trámite legislativo para ser ratificados por el Parlamento. Entre los DNU de la actual mandataria hay apenas 29 (13 en el primer mandato y 16 en el segundo), que corresponden a designaciones ministeriales y pagos de deuda, entre otras cuestiones. COMPLETO

Mientras tanto, en otros lugares se viven escenas de republicanismo explícito. Aprendamos y aprehendamos: Pese al discurso republicano y de apego a las instituciones que intenta resaltar, el Jefe de gobierno arrastra en más de siete años de gestión la experiencia de haber vetado más de un centenar de leyes de la Legislatura, y casi la mitad de toda la historia: 130 de 271 
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No es la facultad de todo titular del Poder Ejecutivo lo que se pone en discusión, sino la cantidad: 130 vetos completos y parciales desde que asumió a fines de 2007 y hasta mediados de 2014, cuando mediante el decreto 276/14 frenó la ley que fijaba un máximo de 3 minutos de espera en los peajes.

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“Los vetos PRO se aplican a proyectos que tienen que ver con derechos humanos, vivienda, trabajo, espacio público, defensa al consumidor y comunicación social. Y, por lo general, se alega falta de precisiones o argumentos de inviabilidad, antes que razones presupuestarias. COMPLETO