El rol del Estado
Los datos censales indican que en el período de mayor regulación de los mercados agrícolas en la Argentina (1946-1955) fue cuando se alcanzó el mayor registro histórico de unidades agropecuarias. Lilian Ferro
Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952) el Estado controló parte significativa del comercio internacional de commodities agrarios a través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio, 1946). Esto le permitió transferir capital de origen agropecuario con muy bajo valor agregado y altamente concentrado en un puñado de estancias asociadas a empresas multinacionales, hacia el desarrollo de una incipiente pero necesaria producción industrial.
Parte de la renta agroexportadora fue captada por el Estado que concentró y controló el comercio internacional estableciendo precios mínimos y máximos a todos los productores, tanto a pequeños y arrendatarios enrolados en la Federación Agraria Argentina, como a los altamente capitalizados integrantes de la Sociedad Rural Argentina. También se construyó la flota mercante argentina de 150 buques que permitió ahorrar millonarios recursos pagados en fletes por transportes de ultramar.
El control estatal del intercambio externo a través de la acción institucional directa se concibió como la válvula necesaria para compatibilizar intereses nacionales. Estos últimos protagonizados en cada caso por distintos actores del agro, los que a su vez planteaban distintas necesidades y demandas sectoriales que había que integrar en objetivos nacionales: por una parte, la provisión alimentaria suficiente a precios razonables a un creciente mercado interno, y por otro lado la obtención de divisas de la venta de los excedentes de la producción agraria al mercado internacional.
Si bien el Instituto Nacional de Colonización Agrícola se creó a partir de la Ley 12.636, sancionada durante el gobierno conservador de 1940, la mayor adjudicación de tierras fue en los gobiernos peronistas. Se dio en una importante “reforma del agro”, íntimamente vinculada a procesos de recuperación de tierras por parte del Estado, con diversas estrategias, como compras a privados (por ejemplo a la Compañía Azucarera de Tucumán) y también expropiaciones, aunque esta modalidad fue más anecdótica que lo que expresaba el temor de las oligarquías. También se redistribuyeron tierras fiscales mediante ventas a precios promocionales facilitadas por créditos accesibles de la banca pública. Así, más de 450.000 hectáreas de tierras de pequeñas dimensiones se orientaron hacia actores agrarios vinculados a la pequeña producción familiar. Una significativa acción crediticia estatal incorporó más compradores en los mercados de inmuebles rurales. COMPLETO
No hay comentarios:
Publicar un comentario