La ministra de Educación, Letizia Mengarelli y su antecesora, Elida Rasino, volverán a quedar en la mira de la Legislatura. El Senado creará la semana que viene una comisión bicameral que investigará las denuncias de persecución ideológica a docentes que fueron separados de sus cargos y hasta exonerados. Ya hace dos semanas, la Cámara dictaminó que el despido del ex director de la Escuela de Educación Técnica 612 de Coronda, Juan Carlos Regis, era "un abuso de poder y de autoridad", le pidió al gobernador Antonio Bonfatti que lo reintegre a su puesto y anunció que ampliaría la investigación a otros casos, entre ellos el de una docente de la ciudad de Gálvez, Gabriela Rigalli, cesanteada durante cinco años por ofrecer una propuesta pedagógica a un niño autista. "Vamos a investigar todo lo que haya que investigar", dijo el senador del PJ, Danilo Capitani, quien promovió la comisión que ventiló el caso Regis y ahora propuso una bicameral para entender en las demás denuncias que llegaron a la Legislatura.
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El Senado calificó la exoneración de Regis como "un abuso de poder y de autoridad" y le solicitó a Bonfatti que lo reintegre a su cargo de director de la Escuela de Educación Técnica de Coronda. "Hoy es Regis, pero mañana puede ser otro", afirmó Capitani cuando se debatió el dictamen en el recinto, hace dos semanas. "Hay otros casos de abusos de poder", sostuvo el legislador y mencionó a la ex directora de una escuela primaria de Gálvez, Gabriela Rigalli, cesanteada de su cargo "por ofrecer una propuesta pedagógica para alumnos con necesidades educativas especiales (NNE) con y sin discapacidad asociada". "Es otro caso emblemático porque esta docente permitió que un chico con trastornos de aprendizaje pudiera ser incluido en la escuela, con un seguimiento especial para estar a la altura de sus compañeros. Pero fue sumariada y cesanteada por esto"
"Los padres de este chico plantearon un recurso ante la justicia, que ordenó reincorporarlo. Hoy, el chico volvió a la escuela, pero la directora está afuera, castigada con una cesantía de cinco años. Hace unos días, en Rosario, una asociación civil que agrupa a familias con chicos que tienen necesidades educativas especiales convocó a Gabriela Rigalli y a la familia de este niño. Allí plantearon todo lo había ocurrido. Estas son las contrariedades que encontramos en la vida pública, por eso, creemos que muchas veces las decisiones que toman algunos funcionarios no tiene en cuenta la realidad", agregó Capitani.
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