Ante la situación dramática generada por los aumentos desproporcionados en las tarifas de los servicios, unos 3.000 ciudadanos acompañaron con su firma el petitorio elevado al Ejecutivo Municipal en fecha 7 de julio, para que presente un recurso de amparo colectivo, con el fin de intentar poner un freno a la presión abusiva del nuevo esquema tarifario sobre la totalidad de los sectores. La respuesta del gobierno municipal en un principio fue la de expresar su apoyo a la iniciativa.
Asimismo, se manifestó en idéntico sentido la totalidad del Concejo Municipal -firmando inclusive el petitorio los concejales locales del PRO-, así como también el “Consejo Consultivo Social”, un órgano eminentemente multisectorial (integrado por gremios, iglesias, cámaras industriales y empresariales, y diversas instituciones locales).
Cuando todo parecía encaminado a la presentación del recurso, con el consenso general de todos los actores, con todos los papeles listos, firmados y en poder del Fiscal Municipal, y ante la inexplicable inacción del Intendente, reclamamos una respuesta para poder entender la demora. Desde el Ejecutivo Municipal se nos manifestó que, ante la inminente resolución de la Corte Suprema sobre el particular, no veían la necesidad en la presentación del mismo. Por nuestra parte, entendemos que esta presentación resulta crucial, más allá de la resolución de la Corte, puesto que representaría un antecedente ante futuras replicas del tarifazo.
Esto sin mencionar que en nuestra provincia, la Empresa Provincial de la Energía (EPE), resolvió mantener vigentes los incrementos en las tarifas, amén de los fallos judiciales que en distintos puntos del país se hicieron eco de los recursos presentados, y que habían ordenando retrotraer dichos incrementos.
Por otra parte, esta respuesta llega luego de más de un mes de acciones que hoy entendemos como maniobras dilatorias, que tenían por objeto evadir deliberadamente la presentación del recurso, máxime cuando en publicaciones de medios provinciales y locales se dieron a conocer declaraciones de referentes provinciales del PRO, que dan a entender una relación muy cercana entre el oficialismo local y el Gobierno Nacional.
Defraudados por esta respuesta, que significa el incumplimiento del compromiso público que había asumido el Intendente con la ciudadanía, nos vemos en la obligación de aclarar esta situación ante la gente que acompañó con su firma el petitorio.
En este sentido hemos decidido acercar el presente informe a los medios locales, provinciales y nacionales, para que el ciudadano pueda tomar conocimiento de que a los representantes de la Asamblea, al igual que a los firmantes y la ciudadanía que confió en la palabra de su Intendente, nos han estafado en nuestra buena fe.
Asamblea Popular de Ciudadanos Empoderados de Rafaela, 17 de Agosto de 2016.-
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