Nuevos vocales en el Tribunal de Cuentas. El acuerdo del gobierno con los Senadores del PJ

Fracasó nuevamente la Asamblea Legislativa convocada para tratar los pedidos de acuerdo por 24 funcionarios judiciales, entre defensores adjuntos, una jueza y fiscales, y dos vocales del Tribunal de Cuentas (un abogado y un contador), por lo que todos lograron la aprobación ficta de sus postulaciones.

La Comisión Bicameral de Acuerdos, si bien hizo las entrevistas a los aspirantes, no emitió dictamen a favor o en contra de su moción.

Vemos así como se puebla de funcionarios de primer nivel la administración de justicia y el Tribunal de Cuentas sin que los legisladores asuman el deber de su función.

No es de extrañar. El acuerdo Socialista-Radical se lleva los cargos de la corporación judicial. El acuerdo de Bonfatti y los Senadores del PJ -confesado por el sincericida Enrico- es para el órgano de control externo. Pasar por acá.

Con relación a los que van a terminar siendo Vocales del Tribunal de Cuentas, al abogado Chavarri lo cuestionó desde el principio el Colegio de Abogados de Santa Fe porque debería controlar las rendiciones de gastos del equipo de gobierno del que habrá sido miembro relevante, denuncia esta que lo obligó a Bonfatti a retirar los pliegos antes de que molestaran en la campaña provincial del FPCyS. Con el resultado del escrutinio definitivo los volvió a presentar, esta vez bien de callado, silencio que confirmamos se extiende hasta la aprobación ficta.

En el caso de Biaggioni la referencia a que es asesor de los senadores y que resulta consecuencia de un acuerdo que hace a la “gobernabilidad” lo maquilla de algo que bien se puede poner en dudas, porque de su historia y presente personal surge que no lo es.

A la domada de camisetas políticas y cargos que hiciera desde los 80 vinculado a Vacchiano, su pasó por distintos cargos de distintas gestiones de los gobiernos del PJ, su incorporación a la gestión socialista de Binner manejando la caja del Ministerio de Seguridad, hay que agregarle a Biaggioni su vinculación con los sectores internos en la policía provincial.

De ese entramado -en el que Biaggioni siempre fue un operador- daban cuenta las historias que se contaban cuando sonaba su nombre como reemplazante del renunciante Ministro de Seguridad Corti en junio de 2012. En esa oportunidad Agustín Rossi hizo pública las razones de la impugnación a Biaggioni. Los que remaban su apoyo eran la estructura policial en funciones y APROPOL.

Es que este experto en el manejo del dinero garantizaba la continuidad de los circuitos que la policía tiene "problemas para rendir" y que provienen de las partidas del presupuesto provincial. 

Él era el encagado de emprolijar esas cuestiones. Estamos hablando de los fondos que llegan a los jefes desde la cuenta provincial y que tienen por objeto gastos de funcionamiento, racionamiento y combustible.

Los servicios prestados por Biaggioni no terminaron -ni terminarán- allí. Después de haber sido el logístico del Ministerio de Seguridad en la gestión de Binner –desde donde se giraban los montos-, ya reciclado en asesor legislativo en el Senado y vinculado al Senador Traferri, logra con su concurso que se sancione el proyecto de “declaración de emergencia en materia de seguridad”, que más allá de cualquier decoración justificante, en lo medular permite contratar en forma directa (sin licitación ni pública ni privada, sólo pidiendo presupuestos) cualquiera sea la suma comprometida en la gestión.

Asumido como Vocal del Tribunal de Cuentas le corresponderá -con los demás miembros- decir que no existe observación que formular a los actos administrativos (contrataciones, designaciones) del Ministerio de Seguridad y aprobar las rendiciones de todos los gastos, rendiciones estas que refieren en parte a montos que se entregaron cuando él estaba en el Ministerio y los jefes eran Tognoli, Sola, etc. 

En reciprocidad con esta designación en el Tribunal deberá ser flexible y creativo en el análisis de las rendiciones de cuentas de la gestión de Bonfatti, de los senadores que deben rendir los fondos acreditados para que puedan repartir discresionalmente.

No fue casual la falta de quorum de ayer. No fue porque todos los senadores y diputados estaban abocados a la campaña electoral. Fue parte del pacto. Sin quorum no se pueden hacer objeciones en la asamblea legislativa y con el paso del tiempo gana el gobierno y los Senadores que tan útiles le han sido.

Pero como en todas las situaciones donde se destapa podredumbre, esta no es toda la que hay dando vuelta.

Al Tribunal de Cuentas (que en concreto son los Vocales del órgano) le corresponde en vinculación a la afectación de caudales públicos, analizar las rendiciones de cuentas y -si no son consistentes- llevar adelante un juicio de cuentas para declarar la responsabilidad de los que manejaron dineros públicos. El examen de las rendiciones se limita a los aspectos formales, legales y numéricos.

También le corresponde juzgar actos, hechos u omisiones vinculados a la gestión hacendal que pudieran ser causa de perjuicio al patrimonio estatal. Es lo propio de lo que se denomina juicio de responsabilidad y el examen que se hace no es ya en los aspectos formales, legales y numéricos de los comprobantes, sino de conductas de los que interviene en gestiones que gastan dinero del estado.

También le corresponde concretar acciones de fiscalización en órganos y entidades públicas (cotejos, arqueos, auditorías). Y se dice le corresponde porque su función no le es disponible. Los Vocales están obligados a ejercerla.

Dando una mirada por las memorias anteriores se advierte que en la de 2014, bajo el título “auditorías clasificadas según su objeto” se informa que existe una referida al Ministerio de Seguridad cuyo tema es “Análisis de compras y contrataciones realizadas por las Unidades Regionales en gastos de funcionamiento, racionamiento y combustible, Rendiciones detalladas en Res.S.I 217-233-238-269/13”. Se informa que se inició por Resolución 6/14 de la Fiscalía General y que está en proceso.

En la página web institucional no hay otra información al respecto (pese a que tiene otras pestañas con el título “calidad” y “transparencia”).

No obstante de esa escueta información pueden extraerse algunas conclusiones y descubrir más.

Primero, las conclusiones: si se hace una auditoría de compras y contrataciones realizadas por las U.R (funcionamiento, racionamiento y combustible), es porque a pesar de superar el examen formal y numérico se detectan otras cuestiones que exigen una fiscalización.

Segundo, lo descubierto: por el sistema de información de expedientes de la provincia se puede obtener la historia de la tramitación de su auditoría.

Surge de ahí que técnicamente está concluida y que fue elevada a consideración de los Vocales del Tribunal, encontrándose "pisada" desde esa fecha por el Vocal “A” de Sala I.

También resulta de ese repaso histórico que el barletista Germán Huber, incumpliendo todas sus obligaciones funcionales no le dio ningún impulso, lo que significa el mal desempeño de las mismas. 

Más aún cuando si de las conclusiones surgiera que lo detectado tiene la potencialidad de producir un perjuicio para el patrimonio estatal, da lugar al juicio de responsabilidad administrativa, que debe instruir el Tribunal de Cuentas.