La comuna de Ibarlucea y el gobierno provincial fueron demandados ante la justicia por una abogada ambientalista, que patrocina un chiquito afectada por fumigaciones, luego de la aprobación de una ordenanza que admite aplicaciones de agroquímicos a solo cien metros de las viviendas. "El recurso de amparo -presentado en el Juzgado de Distrito de la Sexta Nominación de Rosario, a cargo del Juez Néstor Osvaldo García- es contra la Comuna de Ibarlucea a cargo de Juan José Prino y contra la Provincia de Santa Fe por la violación de la ley Nº 11.273 que regula el uso de Productos Fitosanitarios y por la Ordenanza Nº 602/10 que condena a toda la población de la localidad a seguir inhalando agroquímicos dispersados mediante prácticas de fumigación que se realizan en campos linderos a la misma. También incorpora la medida de no innovar tendiente a proteger los derechos de los habitantes", explicó la abogada Graciela Cristina Gómez, quien patrocina a Maria Celeste Bravo, cuya hija se vio afectada por el uso de agroquímicos.
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