Una telaraña de fundaciones con nombres atractivos (la “cara social” de la CIA) cubre la región. Están en contacto con sectores locales que buscan desestabilizar a los gobiernos progresistas de América latina.
Desde los tiempos de la expansión de EE.UU. a fines del siglo XIX, no se había producido una ofensiva similar sobre América latina como la que está sucediendo en estos días, más de un siglo después de aquellos acontecimientos que cortaron o debilitaron los primeros esbozos de la independencia en el continente.
En la reciente gira del subsecretario de Estado para la región, Arturo Valenzuela, enviado por el presidente Barack Obama, resultó evidente su incidencia en alentar a quienes trabajan, en diversos frentes, para desestabilizar a los gobiernos “insumisos” que sostienen un proceso de integración, que en realidad es un desafío de sobrevivencia para los pueblos.
El proyecto de los años 90, muy explícito en el Consenso de Washington y otros documentos, demandó la aplicación de los nuevos esquemas de contrainsurgencia, renovando la antigua Guerra de Baja Intensidad (GBI) con funcionalidad suficiente para la geoestrategia de recolonización continental.
Dispersar el Comando Sur, que se fue de Panamá el último día de 1999, significó la siembra de bases e infraestructuras militares en todo el continente con tropas listas para los “despliegues rápidos” en América latina.
Pero hay otra invasión casi invisible. Una telaraña de fundaciones con nombres atractivos (que en realidad son la “cara social” de la CIA) cubre toda la región. Su función: ser la avanzada de otras guerras como la psicológica y la de desgaste; posibilitar la desestabilización o los ahora llamados “golpes suaves” tan contundentes como los que llegan precedidos por tanques y aviones.
Esta nueva injerencia regional necesitaba una forma silenciosa. En los años 80 surgió una de las primeras fundaciones que intentó transformar la cara envejecida de la CIA, la National Endowment Foundation (NED), traducida como Fundación para la Democracia, creada en el esplendor del conservadurismo en tiempos de Ronald Reagan. La vieja Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) que data de 1962, pensada para disfrazar la contrainsurgencia y sus ilegalidades, ahora se llama Usaid, en un rápido lavado de cara, para hacer olvidar su papel en los envíos de brutales entrenadores a todo el continente. Hoy bajo el argumento de “ayuda para el desarrollo” están en todas partes, controlando hasta los más oscuros rincones de un país, a través de ONG que –muchas, aunque no todas– tuvieron orígenes válidos y generosos.
La CIA, creada en 1947 como un servicio de informaciones, estuvo signada desde ese mismo momento para las “operaciones secretas” lo que significó la actuación ilegal y encubierta con “actividades subversivas” autorizadas. Este tipo de acciones son ejecutadas ahora por NED y Usaid de las que depende una serie de fundaciones de nombres diversos como Libertad o Solidaridad y que, a su vez, se diversifican en redes. El objetivo principal es infiltrar todos los sectores posibles de la sociedad. En las últimas décadas, lo que fue el apoderamiento de medios masivos de comunicación dentro del esquema de “guerra psicológica” se dinamizó de tal manera que, prácticamente, a esta altura del siglo XXI, les ha permitido el manejo universal de la información.
FUNDACIONES GOLPISTAS
Los “golpes suaves” tienen como fin “ablandar” a un gobierno con varias estrategias: atacándolo en forma cotidiana, distribuyendo información falsa y rumores, desacreditándolo no sólo por su política sino apuntando en forma personal a los presidentes y funcionarios hasta extremos de una perversidad asombrosa. También se busca atar las manos de un gobierno hasta la inmovilidad, para luego sostener que ese país se ha transformado en un “Estado fallido” y, por lo tanto, “peligroso para la democracia”.
Esta “guerra psicológica” actúa desde movimientos políticos, sindicales, sociales o proyectos de agrupaciones civiles e incluso algunas formaciones de izquierda. La Fundación Libertad, con su sede principal en Rosario –ciudad considerada “estratégica” o central en cuanto a la concentración de producción agropecuaria– está también en Bolivia, Paraguay y diversos países de América latina.Esta fundación, que en marzo de 2008 congregó a lo más granado de la derecha mundial (José María Aznar, Roger Noriega, Mario Vargas Llosa, entre otros) en un “seminario” en Rosario, estuvo detrás del paro de las cuatro entidades patronales agrarias, cuyas acciones durante meses estuvieron destinadas a un llamado “golpe suave” que debía terminar con el gobierno actual.
A fines de 2008 ante la derrota del golpismo en Bolivia, el gobierno de Evo Morales demostró con pruebas fehacientes el involucramiento de la Usaid en el reparto del dinero a los duros y racistas opositores de la Media Luna. Esta oposición protagonizó un golpe aparentemente “civilista” en agosto-septiembre de ese año (donde se produjeron más de 170 atentados) y la masacre de Pando: el asesinato brutal de campesinos seguidores del mandatario.
Entre el 12 y el 14 de diciembre de 2008 se creó en Colombia la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), conformada por militares y policías de las pasadas dictaduras, los sectores más duros del ejército colombiano y ultraderechistas latinoamericanos de larga trayectoria golpista y violenta, para oponer a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como se plantea en el acta fundacional.
Esta nueva ONG de la constelación de la CIA asociada a las ultraderechas nacionales, como la mencionada Libertad, depende también de la Heritage Foundation, cuyos integrantes han sido clave en la redacción de los Documentos de Santa Fe que trazan los planes de política exterior estadounidense desde la visión más oscuramente intervencionista en nuestra región.
De la misma manera, ambas tienen lazos con la Fundación para el Análisis Económico Social (Faes), que dirige el ex jefe de gobierno español, José María Aznar, y la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor peruano-español Mario Vargas Llosa, de conocida actuación en contra de los gobiernos democráticos de la región, entre otras. De la Fundación Libertad depende Pensar, que nuclea a la plana mayor de Propuesta Republicana (PRO), de Mauricio Macri.
La investigación sobre UnoAmérica lleva a increíbles asociaciones como Unión Ciudadana, en la provincia de Buenos Aires, y de allí a la activa Unión por Todos, entre otros, que se autoerigen como “cívicas y democráticas” y a todos los sectores políticos y militares ligados con la pasada dictadura.
UnoAmérica se ha puesto como objetivo destruir a todos los gobiernos que hayan “surgido” del Foro de San Pablo, resucitando la “guerra fría” en la región. Están también vinculados con el golpe en Honduras, al punto que, en agradecimiento, el golpista Roberto Micheletti condecoró a Alejandro Peña Esclusa, presidente de UnoAmérica.
Los activistas de esta llamada fundación están acusados con pruebas del intento de magnicidio contra Evo Morales y otros funcionarios del gobierno boliviano. Varios ex militares de la pasada dictadura argentina, como Jorge Mones Ruiz, están requeridos por este intento de asesinato contra Morales en abril de 2009. En realidad se trata de la continuidad de la cooperación como la que tuvo la dictadura argentina con Hugo Bánzer, primero, y Luis García Meza, en 1980.
Lo mismo sucede en Honduras, donde la dictadura argentina envió militares en acuerdo con la CIA en los años 80. Para “terminar” con los nuevos gobiernos en la región, los hombres de UnoAmérica advierten que tienen derecho a emplear la “metodología necesaria” incluso el terrorismo y los golpes de Estado. Están también involucrados en los contratos y traslados de mercenarios adonde sean “necesarios”, metodología que recuerda la Operación Cóndor de los años de plomo.
Los resultados de la invasión silenciosa de América latina están a la vista hoy. Baste con recordar que UnoAmérica, recientemente recibida en la propia legislatura de Buenos Aires, trabaja en El Salvador con los seguidores del mayor Roberto D’buisson (ya fallecido) acusado de ser uno de los responsables del asesinato del arzobispo monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980.
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